Las infracciones y sanciones que contempla el Registro de Vándalos e Incivilidades
La iniciativa impulsada por el Gobierno fue analizada en Tu Día tras los nuevos hechos vandálicos que afectaron a la Fuente Alemana. El proyecto busca crear un registro para quienes cometan determinados delitos e incivilidades, con consecuencias que incluyen restricciones para acceder a beneficios estatales.
Los recientes actos vandálicos contra la Fuente Alemana, en el Parque Forestal de Santiago, reabrieron el debate sobre el proyecto de Registro de Vándalos e Incivilidades, tema que fue abordado en Tu Día. La iniciativa busca incorporar a una base de datos a quienes sean sancionados por determinados delitos o incivilidades, como daños a bienes públicos, rayados no autorizados, agresiones a funcionarios y consumo de drogas en espacios públicos. Entre las consecuencias contempladas figuran restricciones o suspensión de beneficios estatales, incluyendo la PGU, la gratuidad y subsidios habitacionales.
La propuesta fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública y posteriormente ingresada al Congreso. Su objetivo es reunir en una base de datos a personas condenadas o sancionadas por determinados hechos considerados actos vandálicos o incivilidades.
¿Qué conductas podrían ser sancionadas?
El proyecto distingue entre delitos e incivilidades que afectan la convivencia ciudadana, el patrimonio público y el uso de los espacios comunes.
Delitos que podrían incorporar a una persona al registro:
- Daños a bienes públicos o privados.
- Daños a monumentos nacionales.
- Ocupación ilegal de inmuebles.
- Maltrato o agresiones a la autoridad.
- Microtráfico de sustancias ilícitas.
- Atentados contra profesionales de la salud.
- Agresiones a funcionarios policiales.
- Interrupción o retención del transporte público.
Incivilidades consideradas en la iniciativa:
- Rayados, grafitis o dibujos realizados sin autorización.
- Destrucción o deterioro de infraestructura comunitaria.
- Daños a luminarias, plazas, juegos infantiles, bancas y otros bienes de uso público.
- Consumo de drogas en espacios públicos.
- Venta ilegal de alcohol.
- Conductas que degraden el entorno urbano o afecten la convivencia vecinal.
¿Qué sanciones contempla el proyecto?
De acuerdo con la iniciativa presentada por el Gobierno, las personas incorporadas al Registro de Vándalos e Incivilidades podrían enfrentar las siguientes consecuencias:
- Suspensión temporal de beneficios sociales.
- Pérdida de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
- Pérdida de la gratuidad en la educación superior.
- Restricciones para acceder a subsidios habitacionales.
- Limitaciones para optar a otros beneficios estatales definidos por la ley.
- Sanciones que podrían extenderse entre uno y cinco años, dependiendo de la gravedad de la infracción y de eventuales reincidencias.
La propuesta se encuentra actualmente en tramitación legislativa y deberá ser debatida en el Congreso antes de convertirse en ley.
Preguntas clave sobre el registro de vándalos e incivilidades
1. ¿Qué es el Registro de Vándalos e Incivilidades?
- Es una propuesta impulsada por el Gobierno que busca crear una base de datos con personas que hayan sido condenadas o sancionadas por determinados delitos e incivilidades que afecten la seguridad, la convivencia ciudadana y el espacio público. El objetivo es establecer consecuencias adicionales para quienes incurran en este tipo de conductas.
2. ¿Qué diferencias existen entre un delito y una incivilidad dentro del proyecto?
- Los delitos corresponden a infracciones tipificadas en la legislación penal, como las agresiones a funcionarios policiales o los daños a bienes públicos. Las incivilidades, en cambio, son conductas que deterioran la convivencia y los espacios comunes, como los rayados no autorizados, el consumo de drogas en lugares públicos o los daños a infraestructura comunitaria.
3. ¿Las sanciones reemplazan las penas que ya establece la ley?
- No. Las sanciones contempladas en el Registro de Vándalos e Incivilidades serían complementarias a las penas o multas que ya puedan aplicar los tribunales. Es decir, una persona podría enfrentar las consecuencias judiciales correspondientes a su conducta y, además, quedar sujeta a restricciones para acceder a determinados beneficios estatales si la iniciativa es aprobada.
