Una cifra menor: Contraloría establece que Carabineros pagó “remuneraciones indebidas” por $1.052 millones

Por Jorge Molina Sanhueza

La Contraloría General de la República (CGR) estableció que Carabineros pagó “remuneraciones indebidas” por una suma superior a los $1.052 millones, las que deben ser reintegradas por los funcionarios que las recibieron.

Al igual que la institución verde oliva -que depende del Ministerio del Interior- la PDI enfrenta lo propio con más de  $137 millones.

La información consta en un informe preparado por la Unidad de Estudios Remuneratorios del organismo fiscalizador, al que “Tu Día” accedió vía Ley de Transparencia.

Lea el informe completo

 

Si bien la policía uniformada aparece como la institución con mayor acreencia, la CGR separó el estudio y creó el ranking de los “top ten”, que arroja un monto global de $5.300 millones. 

Destacan entre ellos las Municipalidades con más de $1.400 millones, mientras que el Ministerio de Salud arrastra una cifra mayor a los $1.200 millones.

Para el caso de la secretaría de Estado, el monto se divide en más de 150 centros de salud a nivel nacional. Igual situación -y cantidad similar- ocurre con las sedes edilicias, lo que difumina el monto en mayor cantidad de actores.

En las Fuerzas Armadas, en tanto, el Ejército es la institución con mayor deuda, con poco más de $217 millones.

Según explicó el contralor Jorge Bermúdez a “Tu Día”, cuando el dinero mal percibido es reintegrado a Tesorería, este no vuelve al presupuesto de donde provino, sino que sencillamente se pierde. 

En otras palabras, Carabineros con los $1.052 millones establecidos por la entidad de control, pudo comprar cerca de cien furgones (a un valor de casi $10 millones cada uno), arreglar o instalar una comisaría en zonas donde los vecinos reclaman por falta de seguridad. 

Sin embargo, una situación distinta ocurre en las sedes comunales, aclaró Bermúdez. Estas últimas “cuentan con patrimonio propio”, por lo que la plata devuelta reingresa a la cuenta corriente.

Números

Para llegar a la deuda total de $5.300 millones en 2019, la Contraloría realizó una revisión detallada desde 2012 a la fecha. Este último año, el monto superaba los $10 mil millones.

El seguimiento da cuenta que desde 2013 el guarismo disminuyó a cerca de $3.000 millones. La baja ocurrió porque el año anterior la CGR condonó $4.896 millones, aplicó la prescripción a $1.965 millones y solo ordenó el reintegro de $3.322.

En 2014 la deuda global mantuvo un monto similar, pero entre 2015 y 2017, señala el informe de Contraloría, superó los $4.600 millones en cada año lectivo. Ello ocurrió porque los montos a devolver aumentaron por sobre los $3.500 millones, mientras que las condonaciones descendieron sustantivamente. De hecho en este ámbito hubo un giro en 180 grados.

Lo anterior se debe a que la entidad revisora aplicó un nuevo criterio fiscalizador. En simple, los funcionarios y las instituciones deben restituir más plata y conmutar el pago, dijo el contralor Bermúdez solo opera “por razones humanitarias”.

Por ejemplo, en 2018 la acreencia global de las entidades estatales alcanzó a $5.188 millones, pero el dinero a devolver 

llegó a $4.087 millones. Lo que no se puede cobrar por el tiempo transcurrido, apenas alcanzó a los $76 millones.

Tal como en este último año, en 2019 la cifra nuevamente superó los $5.035 millones, pero la plata que debe reingresar al fisco se elevó a $4.246 millones.

Ciencias ocultas

El jefe del órgano de control explicó que el desorden que ocurre con las remuneraciones del Estado, se debe a las diferentes leyes que rigen distintas entidades que lo componen.

“Hoy el sistema de remuneraciones no es un sistema. Es (...) una maraña de normativas que se aplica de manera diferenciada a distintos servicios públicos (...) distintas leyes que se superponen y eso hace que el cálculo de las remuneraciones de los funcionarios públicos (...) sea realmente muy difícil”, apuntó.

Y analogó: “De manera coloquial, digo que poder calcular las remuneraciones del Estado es una verdadera ciencia oculta para llegar a determinar qué es lo que se aplica para llegar a ese sueldo que le corresponde al funcionario”.

“Si uno piensa en grandes escándalos de corrupción que han ocurrido en los últimos cinco o seis años (...) algunos tienen que ver con mal pago de remuneraciones (...) pérdida de la trazabilidad de esos recursos”, recordó.

Bermúdez asegura que muy pocos conocen cómo se cancelan los sueldos en la administración y además se lamenta: “Este es un tema que desgraciadamente a la política no le interesa (...) es árido, poco atractivo, muy técnico y eso lleva a que cada año  sigan  sucediendo los mismos problemas y esto no tenga solución.

Actualmente la Contraloría está operando un nuevo software, preparado internamente para evitar anomalías en los pagos de sueldo, como también fiscalizar de manera telemática a las instituciones.

Cifra menor

Tu Día consultó a  la policía uniformada respecto a la deuda imputada por la CGR. El comandante Carlos Contreras, jefe del Departamento de Beneficios Económicos, Remuneraciones y Registro de Datos de la Dirección Nacional del Personal, explicó que “este cuestionamiento hay que analizarlo y enfrentarlo en términos globales”.

“En efecto, la cifra  de $1.052 millones es una cifra dura, importante, pero hay que entender que esto corresponde a una tasa muy inferior respecto de lo que Carabineros ejecutó en el mismo período auditado, respecto al pago de remuneraciones”, señaló Contreras.

Y agregó: “Analizándolo desde ese aspecto, solamente los $1.052 millones, vienen a considerar el 0,3% de lo que Carabineros ejecutó presupuestariamente durante el mismo período en el pago de remuneraciones”.

“Por lo tanto, nos satisface poder tener la tranquilidad y la certeza de que contamos con un sistema de información serio y robusto que tiene un margen de corrección de 99,7% (...) que nos permite tener tranquilidad a cómo nos enfrentamos  a los organismos auditores y la ciudadanía”, indicó.

Según explicó, la policía uniformada tenía pleno conocimiento de la situación. “Es más, la información, el dato que aparece en ese informe (...) fueron entregados (...) a la Contraloría a través de sistemas de información  que vienen de larga data y que son de libre acceso para los fiscalizadores (...).

Por último recalcó que la institución tiene una característica “dinámica”, ya que cubren todo el país y enfrentan contingencias difíciles de prever, por ejemplo, las catástrofes naturales. En esa misma línea, el uniformado reveló que se encuentran desarrollando soluciones digitales “en pos de la transparencia”.

La PDI, en tanto, aseguró desconocer la existencia del documento y que la CGR no los ha notificado del mismo, “por lo que no es es factible referirnos al tema”. 

Y agregó: “(...) se revisó cada una de las observaciones del 2019 y no se mencionan montos a descontar en los informes de la CGR”.