Jueza que entregaba información a hijastro narco podrá ser formalizada por la Fiscalía: Suprema confirmó legalidad de querella de capítulo en su contra

Por Jorge Molina Sanhueza

La jueza de Coyhaique Cecilia Urbina, investigada por entregar información a su hijastro narco de una causa que se tramitaba en su contra, podrá ser formalizada por corrupción judicial y revelación de secreto. Lo anterior, luego que la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema confirmara la legalidad de la querella de capítulo que presentó el Ministerio Público de esa ciudad.

El máximo tribunal estimó que la acción legal cumplía con las formalidades necesarias, relación de hechos apegados al procedimiento, como también el respeto a sus derechos procesales. De esta manera, rechazó la apelación interpuesta por los abogados patrocinantes de la magistrada, de acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso “Tu Día”.

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Uno de los razonamientos esgrimidos por la Suprema es que la conducta de Urbina es grave, confirmando así todos y cada uno de los argumentos presentados por el Ministerio Público en contra de la funcionaria judicial.

“Lo anterior permite (...) otorgarles el carácter de serias y autoriza a requerirla en sede penal por la conducta que se le reprocha, todo lo cual hace razonable el inicio de una investigación (...)”, detalla la resolución.

Los pasos de “el Matanga”

La historia que involucra a Cecilia Urbina comenzó en enero de 2021. En esa fecha la PDI mantenía interceptados los móviles a una serie de narcotraficantes, cuando uno de ellos apodado “el Matanga”, comenzó a entregar instrucciones para una entrega de droga.

Este último, llamado Jorge Cáceres Vásquez, era nada menos que el hijo de su esposo, Jorge Cáceres Osses. La fiscalía local sospechó de inmediato, porque las diligencias intrusivas -interceptaciones telefónicas, seguimientos y vigilancia- eran precisamente autorizadas por su madrastra.

Por esta razón la fiscal a cargo decidió interceptar a “el Matanga” en enero del corriente. Sin embargo, para evitar que Urbina tuviera conocimiento de las diligencias, cambió de juez y solicitó que nadie tuviese acceso a las pesquisas. De poco sirvió, porque el sistema informático le permitía a la magistrada ingresar a la causa, pese a la reserva con que debía sustanciarse.

A fines del mismo mes, de acuerdo a la información que consta en la carpeta del Ministerio Público, Urbina entró a la red interna y revisó online y revisó las medidas intrusivas autorizadas por su colega del tribunal. Los datos llegaron a oídos de su marido y de ahí a “el Matanga”.

Según el mismo documento, en febrero pasado, padre e hijo mantuvieron una reunión en una estación de servicio, donde el primero le indicó que estaba “pinchado” por la policía. Acto seguido “el Matanga” le contó a sus cómplices y se deshizo del celular. Ello derivó en que la policía civil perdió una fuente de información vital para la indagatoria.

Igual no más

El Ministerio Público “pinchó” también a la jueza y su marido. La diligencia tuvo réditos, porque Urbina se comunicó con un abogado de la Defensoría Penal Pública, donde le indicaba que investigaban a su hijastro.

En paralelo, dos narcos ligados a este último confesaron que gracias a la mujer siempre tuvieron información del caso.

En una de las escuchas dadas a conocer por Radio Bío Bío, Urbina habló con el administrador del tribunal donde trabajaba y le indicó: “Estaba mirando de repente ahí en la causa reservada (…) vi que la María Inés pidió que se detectara a las personas que se habían metido a la causa”.

“¿Y eso cómo pueden informarlo si es reservada? Me quedé metida (…) y en realidad yo me metí y me meto siempre de vez en cuando y cuando salió esto de Jorge (“El Matanga”) se convirtió en otra causa, en que tampoco estoy inhabilitada y tampoco está reservada”, siguió.

Con la información recopilada, la fiscalía coyhaiquina solicitó la incautación de los celulares y computadores de la jueza y su marido, para analizar la mensajería.

Al mismo tiempo, presentó una querella de capítulo ante la Corte de Apelaciones de esa ciudad para alzar el fuero judicial que la investía. Dicho tribunal de alzada acogió la acción legal, pero los abogados de Urbina recurrieron a la Suprema, que este martes confirmó que la presentación cumplía con los requisitos formales.

El dictamen judicial permitirá formalizar a la jueza, acusarla para que un tribunal oral la condene, si es que Urbina quiere llegar a juicio. También la chance de que el Ministerio Público le ofrezca uno de carácter abreviado.

En paralelo, la Corte coyhaiquina sustancia un sumario en contra de la magistrada, el que podría proponer la destitución de su cargo.