Así será el cobro de la Tesorería General de la República por deudas del CAE: revisa tu situación acá
La Tesorería General de la República inició el proceso de cobro de las deudas del CAE, que superan los $4 billones. Revisa quiénes pueden acceder a convenios de pago y en qué casos se aplicarán acciones judiciales.
La Tesorería General de la República inició en Chile el cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) en 2026, con convenios de pago para deudores con ingresos bajo $5 millones y acciones judiciales para quienes superan ese monto, afectando a más de 550 mil personas en mora en el país.
Tras años de crecimiento sostenido en la deuda asociada al financiamiento estudiantil, el Estado activó un nuevo proceso de cobranza que busca recuperar recursos públicos y ordenar la situación de cientos de miles de deudores. La medida marca un antes y un después en la gestión del CAE.
Así será el cobro de deudas por CAE
El nuevo plan de la Tesorería General de la República (TGR) se enmarca en un escenario donde la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha alcanzado niveles históricos. Según datos recientes, el monto total supera los $4 billones en 2025, lo que representa un aumento significativo respecto a años anteriores.
Actualmente, más de 550 mil personas mantienen deudas en mora. En estos casos, el Estado cumple un rol clave: actúa como aval ante las instituciones financieras, por lo que cuando un deudor deja de pagar, el Fisco responde ante el banco y posteriormente inicia el proceso de cobranza.
Para abordar esta situación, la TGR implementó un modelo segmentado que distingue a los deudores según su nivel de ingresos, estableciendo mecanismos diferenciados para facilitar la regularización o avanzar en la recuperación de los recursos.
Acciones para deudores con mayores ingresos
En el caso de quienes registran ingresos mensuales superiores a $5.000.000, el proceso contempla el inicio de acciones judiciales directas, sin acceso a convenios de pago.
Esto implica que la TGR podrá iniciar juicios ejecutivos, los que podrían derivar en medidas como:
- Embargos de bienes
- Retención de fondos en cuentas bancarias
- Descuentos en remuneraciones
- Otras acciones establecidas por la ley
Este enfoque busca acelerar la recuperación de recursos fiscales en los segmentos con mayor capacidad económica, reforzando el cumplimiento de las obligaciones financieras.
Convenios de pago para quienes cumplen requisitos
Por otro lado, los deudores con ingresos inferiores a $5.000.000 brutos mensuales podrán acceder a convenios de pago, siempre que mantengan deudas iguales o superiores a 1 UTM.
Para facilitar este proceso, la TGR habilitó plataformas digitales donde las personas pueden:
- Revisar el estado de su deuda
- Consultar montos pendientes
- Simular alternativas de pago
- Suscribir convenios en línea
El acceso se realiza mediante Clave Única o Clave Tributaria, lo que permite gestionar el trámite de forma rápida y remota.
Además, se contemplan alternativas para distintos escenarios:
- Personas sin información de renta pueden adjuntar antecedentes de la Operación Renta
- Quienes no declaran ingresos pueden presentar certificados previsionales
- Personas cesantes pueden acreditar su situación actual
Incluso los chilenos que residen en el extranjero pueden regularizar su deuda de forma remota, presentando la documentación correspondiente.
Para quienes no conocen el detalle de su deuda, la consulta se puede realizar a través del Formulario 34 disponible en la plataforma de la TGR.
Este sistema busca no solo recuperar recursos, sino también facilitar la regularización de quienes están en mora, promoviendo mayor equidad en el cumplimiento de las obligaciones.
Por qué la TGR inició este proceso y qué implica para los deudores
El inicio de este proceso responde al fuerte incremento de la deuda del CAE en los últimos años, convirtiéndose en uno de los principales desafíos del sistema de financiamiento de la educación superior en Chile.
Desde su implementación, el CAE ha permitido que miles de estudiantes accedan a estudios superiores. Sin embargo, también ha generado un impacto significativo en las finanzas públicas, especialmente en los casos donde los beneficiarios no cumplen con sus pagos.
Al actuar como aval, el Estado asume el costo frente a las instituciones financieras, lo que ha llevado a un aumento sostenido del gasto fiscal destinado a cubrir estas deudas.
En este contexto, la estrategia de la TGR apunta a ordenar el sistema de cobranza, estableciendo criterios claros y diferenciados según la capacidad de pago de los deudores.
Al mismo tiempo, busca incentivar la regularización voluntaria antes de avanzar hacia instancias judiciales más complejas, lo que podría tener consecuencias financieras importantes para los afectados.
Este proceso también se desarrolla en medio de un debate más amplio sobre el futuro del CAE. En los últimos años, han surgido propuestas para reformar o reemplazar este mecanismo, considerando sus efectos tanto en los estudiantes como en el Estado.
Especialistas han advertido que el sistema de endeudamiento educativo debe ser revisado, no solo desde el punto de vista financiero, sino también en términos de impacto social y calidad de vida.
De cara al futuro, la implementación de este plan de cobro podría influir en nuevas políticas públicas y eventuales cambios estructurales en el financiamiento de la educación superior en Chile.
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Preguntas frecuentes sobre el cobro de deudas CAE
¿Cómo puedo revisar mi situación del CAE?
Puedes consultar tu deuda en la plataforma de la TGR utilizando tu Clave Única o Clave Tributaria. También puedes acceder al Formulario 34 para conocer el detalle completo de lo adeudado.
¿Quiénes pueden acceder a convenios de pago?
Los convenios están dirigidos a personas con ingresos inferiores a $5.000.000 mensuales y deudas desde 1 UTM, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la TGR.
¿Qué pasa si no pago mi deuda CAE?
Si no regularizas tu situación, especialmente con altos ingresos, la TGR puede iniciar acciones judiciales que incluyan embargo de bienes, retención de fondos o descuentos en remuneraciones, según lo permita la ley.
