La lujosa casa que se construyó la influencer que estafó a Amparo Noguera por más de $400 millones
La investigación reveló un sofisticado esquema de suplantación de identidad, falsos funcionarios y uso de información bancaria privilegiada, que permitió a la organización defraudar millonariamente a la actriz durante varios días.
Jenny Ramos fue identificada como la principal responsable de la organización que logró estafar a la actriz Amparo Noguera por una suma superior a los $500 millones. De acuerdo con antecedentes recopilados por La Tercera, la mujer habría sido quien se hizo pasar por la intérprete en una llamada telefónica a una entidad bancaria, instancia en la que solicitó el desbloqueo de una tarjeta, lo que le permitió acceder a los fondos de la víctima.
Tras concretar el engaño, la banda realizó una serie de transacciones de alto monto, incluyendo compras en reconocidas tiendas como MacOnline, Nike, Claro y Entel. A esto se sumaron retiros de créditos de consumo, movimientos de fondos mutuos y giros de grandes cantidades de dinero desde la cuenta corriente de la actriz.
Parte del dinero obtenido habría sido destinado a la edificación de una vivienda de dos niveles en la localidad de Longotoma, comuna de La Ligua, Región de Valparaíso. La propiedad se encontraba en su etapa final de construcción y solo restaba la instalación de ventanas termopaneles. Para ello, Ramos habría contactado a un maestro, quien presupuestó el trabajo en $14 millones, aceptando el trato y entregando un anticipo de $11 millones.
Además de este inmueble, la líder de la agrupación mantenía otros bienes raíces. Entre ellos, una vivienda ubicada en la comuna de La Pintana, donde residía su familia, y un departamento en La Florida que se encontraba arrendado.
¿Cómo operaba la banda que estafó a Amparo Noguera?
El pasado 13 de enero, en Tu Día se detalló que la estafa que afectó a Amparo Noguera se inició el pasado 1 de octubre, luego de que la actriz recibiera una llamada telefónica de una mujer que se presentó como ejecutiva bancaria bajo el nombre de Catalina Basualto, hoy imputada en la causa.
Según explicó el panel, el fraude logró concretarse gracias a un alto nivel de coordinación, ya que la banda contaba con la colaboración de un ejecutivo bancario real, actualmente bajo investigación, quien habría facilitado información clave sobre los créditos vigentes y los fondos mutuos de la intérprete.
Con estos antecedentes en su poder, los estafadores convencieron a Noguera de que sus productos financieros estaban siendo vulnerados, motivo por el cual el supuesto caso fue derivado a aparentes funcionarios de la Policía de Investigaciones para concretar una falsa denuncia.
El engaño se extendió por un período de cuatro días, durante los cuales la actriz mantuvo contacto permanente no solo con falsos detectives, sino también con individuos que decían pertenecer a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), reforzando la credibilidad del montaje.
En el programa, Priscilla Vargas relató que los delincuentes aseguraron a la actriz que su patrimonio estaba siendo amenazado por organizaciones criminales extranjeras. El nivel de intimidación escaló cuando le mostraron una fotografía tomada al interior de su propio domicilio, con el fin de generar temor y presión.
De acuerdo con lo expuesto, una persona cercana a la víctima habría entregado información personal sensible, además de facilitar este registro, lo que llevó a que Amparo Noguera accediera a retirar su dinero y entregarlo a tres sujetos que llegaron hasta su hogar haciéndose pasar por policías.
Los panelistas también analizaron la gravedad del denominado “concurso de delitos” que rodea el caso. Mientras los falsos detectives se apropiaban de las tarjetas bancarias para efectuar múltiples transacciones, Jenny Ramos se encargaba de suplantar la identidad de la actriz para autorizar los movimientos financieros.
Debido a la magnitud de la red de asociación ilícita, usurpación de funciones públicas y fraude, el abogado Carlos Durán señaló en el espacio televisivo que los involucrados podrían enfrentar penas que superarían los 10 años y un día de presidio.
Finalmente, como llamado preventivo, se recordó a la audiencia que la PDI dispone de un código QR oficial que permite verificar la identidad de sus funcionarios, herramienta clave para evitar este tipo de montajes delictuales.
