Por Jorge Molina Sanhueza

 

El Tribunal de Contratación Pública (TCP) declaró ilegal que la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) adjudicara la licitación de cámaras corporales destinadas a Carabineros -por $378 millones-  a la multinacional Motorola, acaecida en 2021, cuando la titular de la entidad era la RN Katherine Martorell.

 

La decisión del organismo consta en la resolución dictada la semana pasada -y que publica Tu Día-, a raíz de una presentación de la empresa Pegasus que alegaba discriminación como oferente, pese a que presentó una propuesta que cumplía con lo requerido en las bases y un menor precio.

Lea completa la resolución aquí

Hay que recordar que las cámaras aludidas requerían una característica técnica central para que el participante fuera elegido: los aparatos debían contar con pre y post grabado de 120 segundos respectivamente. En otras palabras, una vez que fuera activada al inicio de un procedimiento policial registrara los dos minutos precedentes y una vez apagada, lo hiciera por la misma cantidad de tiempo, tal como lo reveló Radio Bío Bío (lea el reportaje).

De acuerdo a la resolución, Motorola ni siquiera debió ser evaluada técnicamente por la Comisión Revisora de la SPD, pero en los hechos lo establecido en las bases de licitación no fue cumplido a cabalidad.

 

Si bien la decisión adoptada por el TCP dictaminó que la entidad se apartó de la ley, al mismo tiempo reconoció que una vez entregadas a la institución verde oliva, Motorola subsanó el problema instalando un software adicional que las dejó en regla.

 

Por esta razón, si bien estimó que la SPD actuó fuera de las normas de Contratación Pública, reconoció que el mejoramiento evitó que las arcas fiscales se vieran mermadas. En todo caso, en su resolución acreditó la demora en la puesta en marcha de los productos vendidos por la multinacional y no está claro que se aplicaran multas por ello.

La querella

En paralelo a este proceso administrativo, la Fiscalía Centro Norte investiga por delitos de corrupción a Martorell y los miembros de la Comisión Evaluadora, a raíz de una querella criminal interpuesta por Pegasus.

Parte de los argumentos esgrimidos en la acción legal apuntan a las anomalías cometidas en una respuesta que realizó la SPD a una solicitud de revocación presentada por Pegasus.

Básicamente, en la contestación firmada por Martorell, los querellantes aseguran que la documentación para determinar que las cámaras Motorola contaban con pre y post recording, fue creada ilegalmente después de que la multinacional ganara el concurso. 

 

Esta situación hasta ahora no se encuentra acreditada en el caso que sustancia el organismo perseguidor, como tampoco en el fallo del TCP, ya que durante la tramitación del proceso administrativo la SPD -representada por el CDE- no ha entregado explicación al respecto.

El Ministerio Público ha realizado una serie de diligencias, entre ellas la realización de un informe a cargo de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI (Brilac) que aún está pendiente de ser entregado a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad.

Contraloría

Junto a lo anterior, en la carpeta de investigación consta un informe evacuado por Chile Compras, en donde se establece que la entidad dirigida entonces por Martorell, violó abiertamente la Ley de Compras Públicas en el proceso que ganó Motorola.

 

Por último, a fines de 2021 la Contraloría reveló una profunda auditoría que realizó en la SPD. En el documento acreditó una serie de anomalías a la hora de adjudicar la licitación a Motorola. Por esta razón ordenó realizar un sumario administrativo para acreditar las responsabilidades funcionarias.

Este medio intentó obtener una versión de Martorell como de Motorola, pero declinaron comentar la información.

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