Gobierno evalúa que rescatados en el Cajón del Maipo paguen los costos del operativo
Tras el exitoso rescate de tres excursionistas en el Cajón del Maipo, el Gobierno anunció que solicitará al Consejo de Defensa del Estado evaluar acciones legales para determinar responsabilidades y recuperar parte de los recursos utilizados en el millonario operativo.
Luego de que las tres personas desaparecidas fueran encontradas con vida tras permanecer varios días aisladas en el Cajón del Maipo, el Gobierno anunció que buscará establecer eventuales responsabilidades por el amplio operativo de rescate que movilizó a distintos organismos de emergencia. La medida fue dada a conocer por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, que confirmó el envío de un oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar posibles acciones.
El procedimiento permitió rescatar con vida a Martina Núñez, Magdalena Retamal y Manuel Orellana, quienes permanecían en un refugio de las Termas del Valle de Colina, en San José de Maipo. En las labores participaron equipos de Carabineros, la PDI, Bomberos, Senapred y otras instituciones, en un despliegue marcado por las difíciles condiciones climáticas que dejó el sistema frontal.
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Cajón del Maipo: Gobierno busca determinar responsabilidades por el operativo
Tras el exitoso rescate, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que el Ejecutivo pretende analizar la posibilidad de exigir responsabilidades por los costos que implicó el operativo.
"¿Y si el rescate hubiese tenido que realizarse por vía terrestre, pasando por tres zonas que son proclives a las avalanchas, y esto hubiera cobrado algunas de las vidas de los rescatistas? A mí me parece que es grave que los rescatistas, los bomberos, el GOPE de Carabineros, PDI, y el resto de quienes participan de los rescates, pongan en riesgo su vida por el actuar temerario e irresponsable de una persona que incluso hemos sabido que ha incurrido de manera reiterada en esta conducta irresponsable".
El objetivo es recuperar el costo del rescate
Codina explicó que el oficio enviado al Consejo de Defensa del Estado busca aclarar si existen herramientas legales para perseguir responsabilidades patrimoniales derivadas del rescate.
"El Consejo de Defensa del Estado nos aclare la posibilidad de perseguir las responsabilidades por daño patrimonial, producto de personas irresponsables que no respetaron a la autoridad. Y en segundo lugar, todo lo que significó el costo de llegar al lugar y rescatar a las personas con vida".
La decisión se conoce luego de que las autoridades entregaran una estimación del costo que significó el operativo. De acuerdo con lo informado por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, el despliegue alcanzó cerca de 100 millones de pesos, considerando la participación de múltiples organismos especializados y el uso de recursos aéreos durante varios días.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, también profundizó en las eventuales medidas que podrían adoptarse tras el rescate de los tres excursionistas. En ese contexto, sostuvo que el caso debe analizarse con detención, pero remarcó que las advertencias emitidas por las autoridades antes del sistema frontal fueron claras y conocidas públicamente.
"Eso es algo que tiene que estudiarse bien. A mí lo que me preocupa es que, cuando la autoridad te está alertando por los medios de comunicación, cuando Meteorología y Senapred te advierten que vamos a tener un episodio crítico, con precipitaciones superiores a las que tuvo Santiago en el gran temporal de 1982, que en esa oportunidad cobró 15 vidas; cuando te dicen: 'Señor, está prohibido pasar de San Gabriel hacia arriba porque su integridad está en riesgo, y además la de las personas que van a tener que concurrir a buscarlo, quienes van a tener que ir en su auxilio, los rescatistas'. Entonces, cuando una persona viola todos esos preceptos y demuestra que su irresponsabilidad es aún mayor que todas las alertas, esa persona debería ser sancionada", planteó.
Asimismo, la autoridad manifestó que, a su juicio, quienes incumplen este tipo de restricciones debieran asumir las consecuencias económicas del despliegue de rescate. Además, llamó a avanzar en cambios legales que establezcan sanciones más severas cuando la imprudencia de una persona ponga en riesgo la vida de los equipos de emergencia.
"Primero, pagando los costos asociados al rescate y, en segundo lugar, también creo que se debe legislar para que, en caso de que se cobre la vida de un rescatista por situaciones provocadas por irresponsables como este, esa persona pague con todo el rigor de la ley", siguió.
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Preguntas clave sobre esta nota
¿Por qué el Gobierno recurrirá al Consejo de Defensa del Estado?
La Delegación Presidencial Metropolitana informó que solicitará al Consejo de Defensa del Estado (CDE) analizar la posibilidad de emprender acciones legales para establecer responsabilidades patrimoniales por el operativo de rescate. El objetivo es determinar si existen herramientas jurídicas que permitan recuperar parte de los recursos públicos utilizados en una emergencia que movilizó a múltiples instituciones durante varios días.
¿Qué argumentos entregaron las autoridades para impulsar estas acciones?
Las autoridades sostienen que el principal problema no solo radica en el costo económico del operativo, sino también en el riesgo al que estuvieron expuestos los equipos de rescate. Bomberos, GOPE de Carabineros, la PDI y otros organismos debieron ingresar a una zona con avalanchas, nieve acumulada y condiciones meteorológicas extremas para llegar hasta los excursionistas, poniendo en peligro su propia seguridad.
¿Qué impacto dejó este caso más allá del rescate?
El exitoso desenlace abrió un debate sobre la responsabilidad de quienes realizan actividades en la cordillera pese a las advertencias por mal tiempo. Además de los elevados costos que implica desplegar recursos humanos, terrestres y aéreos, las autoridades insistieron en la necesidad de respetar las restricciones y planificar adecuadamente este tipo de excursiones para evitar emergencias que comprometan vidas y recursos públicos.
