Tras tres años y seis meses de que el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, fuera acusado por mantener supuestos vínculos con el narcotráfico, se le comunicó que la Fiscalía lo formalizará por esta investigación.

Supuestos casos de corrupción, cohecho, licitaciones y trabajadores fantasmas son algunas de las razones por las cuales el edil y algunas funcionarios municipales tendrían que enfrentar al 15º Juzgado de Garantía de Santiago. 

¿Quién es el alcalde de San Ramón?

Miguel Ángel Aguilera ha sido protagonista de diversos polémicos momentos. El edil es contador público de profesión y de la mano del Partido Socialista y mediante el voto popular, fue electo el 2012 como alcalde de San Ramón y reelecto el 2016.

A los pocos meses de su reelección una investigación periodística reveló acusaciones que lo relacionarían con el narcotráfico. Precisamente, Francisco Andrés Olguín Guzmán, ex jefe de gabinete y mano derecha del alcalde, se hizo conocido en los pasillos de la municipalidad de San Ramón por ir a trabajar con un brazalete electrónico como precautoria, por conducir autos robados y cumplir condena por el mismo delito.

Fue en octubre del 2017 que la PDI allanó el Municipio de San Ramón buscando los contratos de Miguel Ángel Santo y Jorge Pinto, responsable de las aéreas verdes de la comuna. Por esa misma fecha, ambos fueron sorprendidos con 20 paquetes de cocaína.

Este hecho le costó a Miguel Ángel la salida inmediata del Partido Socialista y, por lo mismo, hoy figura en diferentes propagandas electorales como candidato independiente a la reelección.

Un mes después, el 24 de noviembre del mismo año, Roberto Martínez, el jefe de seguridad del Municipio de San Ramón fue sorprendido por funcionarios de la PDI comprando balas a Jorge Pinto, conocido narcotraficante de la población La Bandera.

Los hechos que marcaron el mandato del alcalde de San Ramón

Fue en marzo del año 2016 que la compra de una vivienda realizada por Miguel Ángel Aguilera en la comuna de la Reina por 13 mil UF encendió las luces. Lo llamativo fue el pago de $117 millones en efectivo como pie de la vivienda, movimiento que nunca habría explicitado en su declaración de patrimonio.

Si bien la formalización del alcalde Aguilera solicitada por la Fiscalía se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre, la acción tuvo repercusiones inmediatas en el mundo político. De hecho, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, acusó hostigamiento y amenazas.

 

 

A través de un comunicado de prensa el alcalde de San Ramón manifestó que para él la formalización no era más que una audiencia en la que el fiscal, ante el juez en su presencia, le comunicará que siga una investigación por diferentes delitos que no tiene ninguna participación técnica ni en la solicitud ni en la ejecución.

De todas maneras, el alcalde deberá enfrentar a la justicia por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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