La Unión Europea da un golpe al negocio de la deforestación. Dio luz verde a una Ley que prohíbe productos con procedencia de esta práctica. La decisión puede tener consecuencias comerciales, ya que Brasil no estaría de acuerdo con esta medida.

El medio ambiente también se puede defender comercialmente. 

La Unión Europea nuevamente actúa por el bienestar del planeta. Y esta vez golpea a la deforestación. Ahora último dio visto bueno para a la Ley acordada en diciembre del 2022, que buscar cerrar el espacio europeo a productos como el café, la madera, la soja o la carne que contribuyan a esta práctica ilegal o la degradación de los bosques. 

Ahora bien, esto último puede que no le traiga muchos beneficios, sobre todo comerciales, porque afectará a varios países del Mercosur con los que Europa lleva dos décadas tratando de sellar el pacto de libre comercio más ambiciosos del bloque europeo. 

El que más pesa en ese sentido es Brasil, país con el que Bruselas (Sede de la Unión Europea), está tratando de encontrar más acercamientos, luego que Lula da Silva recuperara el poder. Las relaciones con el anterior Presidente de ese país, Jair Bolsonaro, no fueron muy cercanas por su posición antiecologista. 

Y es que a Brasil no le conviene que la UE cierre sus fronteras a productos de áreas deforestadas, por ejemplo, de la Amazonia. Más aun, cuando hoy está gobernado por una persona que llegó al poder con un compromiso medioambiental ambicioso y explícito que incluye un plan de recuperación y freno a la deforestación de los bosques al 2030. 

Esta nueva normativa que estará vigente en las próximas semanas, tiene como objetivo obligar a las empresas que quieran comercializar dentro de la UE productos identificados como cruciales en materia de deforestación -aceite de palma, caco, café, caucho, ganado, madera, soja, carne de vacuno, productos de cuero, papel impreso, muebles, cosméticos o chocolate- que solo podrán hacerlo si demuestran "diligencia debida". 

Esto quiere decir, que tienen que tener una etiqueta que verifique que los bienes comercializados han sido producidos en tierras que no han sufrido deforestación desde el 31 de diciembre de 2020. Además, tienen que ser certificados como elementos que cumplen con todas las leyes relevantes respecto al país de producción. 

Pero no solo consta de la entrada y salida de productos. También en un plazo de 18 meses, desde la entrada en vigor de la norma, la Comisión deberá hacer una evaluación de riesgo que clasificará a los países o a zonas de los mismos en una escala que diferencia como "bajo riesgo" a quienes cumplen con la normativa, y "alto riesgo" a quienes no. 

Las empresas que no cumplan con estos requisitos serán sancionadas con medidas "eficientes y disuasorias", que incluye una multa máxima que será "al menos el 4% de ventas en la UE del operador o comerciante" participante.