Tras 13 años de tramitación en el Congreso, esta nueva ley posibilitará la instauración de un organismo público encargado de cuidar las áreas protegidas del país y su biodiversidad.

“La Ley para la Naturaleza”, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, avanzó con éxito su último trámite después que la Cámara de Diputados y Diputadas aprobara con 131 votos a favor el informe que la Comisión Mixta emitió los últimos días de mayo. De esta manera, el proyecto quedó listo para su promulgación.

Para el Gobierno es un tremendo avance, puesto que la ley llevaba 13 años de tramitación en el Congreso y permitirá materializar la creación de un organismo público dedicado a la conservación y cuidado de las áreas protegidas del país y de la biodiversidad.

Este nuevo instrumento, también ayudará a “enfrentar de mejor manera las graves crisis de pérdida de biodiversidad y cambio climático que afectan a Chile y al planeta”, indicaron en su página institucional. 

Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente, señaló que “hoy nuestro país dio un paso histórico para la protección de nuestra rica naturaleza. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es una poderosa herramienta para hacer frente a la grave crisis de pérdida de biodiversidad y de cambio climático que golpea a Chile y al mundo entero”.

El proyecto de ley se suma a otras instituciones que hoy se dedican a administrar y gestionar los temas medioambientales en nuestro país, como el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental.

¿En qué consiste el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas?

• Es la creación de un organismo público robusto encargado de la protección de la biodiversidad. 
• Hace frente a la fragmentación institucional de las áreas protegidas que actualmente estaban distribuidos en más de cinco servicios públicos, ocasionando una gestión desarticulada, según un informe de Contraloría dado a conocer en 2021. 
• Proporciona al país herramientas e instrumentos “de gestión para la conservación de la biodiversidad en todo el territorio nacional, dentro y fuera de áreas protegidas, tales como identificación de sitios prioritarios para la biodiversidad, estrategias de restauración ecológica y protección de humedales”.
• Fortalece la normativa y brinda un financiamiento robusto y eficaz para la conservación. Conforme a información del Gobierno, Chile destaca por su amplia superficie de áreas protegidas marinas (42%) y terrestres (22%) y según datos del Informe Financiero Sustitutivo 2022, "este proyecto concretaría un importante aumento en el aporte fiscal directo del Estado dedicado a la institucionalidad ambiental de casi un 58%".